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A nadie escapa la relevancia práctica del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), que se refiere al régimen específico de la caducidad en el procedimiento de reintegro, pues dicho precepto ha obligado a numerosos afectados (tanto administraciones como particulares) a ejercitar acciones ante los tribunales con el objeto de declarar la caducidad de dichos procedimientos de reintegro y anular la resolución final que pone fin a dichos expedientes.

En la práctica de muchas Administraciones Públicas se suscita la cuestión de si es posible iniciar la vía de apremio de una liquidación tributaria, cuando el interesado ha pedido previamente en vía administrativa o contenciosa la medida cautelar de suspensión.

El principio de “quien contamina paga” ha cobrado una nueva dimensión negativa como límite a las ordenanzas municipales. La Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 5 de abril de 2017 ha anulado el artículo 3.1 a) de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios para la protección de la contaminación acústica de Elche